El Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor
manifiesta su enérgico repudio a los hechos de violencia perpetrados por la
fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos contra las personas con
padecimiento mental allí internadas, trabajadores de la salud, legisladores y
periodistas. El hecho constituye una situación de gravedad institucional
inusitada que requiere la inmediata respuesta de las autoridades responsables,
lo que hasta el momento no se ha producido.
En una nueva muestra
de flagrante ineptitud para la gestión pública, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió “avasallar”
los derechos de las personas
usuarias y trabajadores del Hospital Borda que se oponían a la demolición del
Taller Protegido N° 19. El inexplicable y brutal accionar de la fuerza de
seguridad porteña generó más de 40 heridos de gravedad y al menos siete
personas detenidas, incrementando así la violencia ejercida en una institución
donde históricamente se ha segregado a personas con padecimientos mentales bajo
el pretexto de brindarles un tratamiento adecuado.
Paulatinamente el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deja al descubierto los verdaderos ejes de su gestión, con la
creciente represión y criminalización de los conflictos sociales en el ámbito
de la ciudad. La escalada de violencia desmedida por parte de la Policía
Metropolitana comenzó con la represión de la toma del Parque Indoamericano en
2010. Continuó, más recientemente, con el ataque a los manifestantes de Parque
Centenario en enero de este año y el desalojo de la Sala Alberdi del Centro
Cultural General San Martín en marzo, donde incluso hubo fotógrafos y
trabajadores de prensa heridos con balas de plomo. En todos estos casos, el
gobierno porteño privilegió las respuestas más violentas frente a situaciones
de conflicto, desechando canales de diálogo y la búsqueda de una salida
negociada.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desconoce el cambio de paradigma que introduce la Ley de Salud Mental al
establecer que las políticas públicas en la materia deben reorientar sus
recursos a la atención comunitaria y promover acciones que garanticen la
inclusión social de las personas que han sido excluidas del ejercicio de
derechos fundamentales.
Es evidente que la inclusión social, de modo alguno,
constituye un eje a considerar en la gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Por lo expuesto, el INDUCAM exige que el gobierno porteño
asuma la responsabilidad política por estos lamentables hechos y por su falta
de interés por la defensa de los derechos de los más vulnerables.
Dra. SANDRA MERLO
INDUCAM Instituto de Usuarios y Consumidores
del Área Metropolitana
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